Proliferan las "jaulas para turistas" en un barrio de València

«¿Bajos turísticos o cadafals de bous?» se pregunta un usuario de la red social X. Habla de los barrotes colocados en unos bajos de la calle Turia (Botànic) como protección de los apartamentos turísticos. Al otro lado no hay toros pero sí un vecindario que se pregunta cómo es posible que en cuestión de dos años hayan aparecido tantas viviendas turísticas en las calles Turia, Borrull o Lepanto. No hace tanto este céntrico barrio del Botànic se estaba movilizando contra un fondo de inversión francés que quería desalojar las fincas de los números 49 y 51 de la calle Túria. 

Sin embargo, el tejido asociativo no sobrevivió tras aquella lucha vecinal y ahora el Botànic, ejemplo de resistencia, empieza a verse atravesado por el mismo fenómeno que asola a toda la ciudad: contenedores de obra, bajos turísticos por doquier y alquileres inasequibles para cualquier mileurista.

«Aquí ha habido un salto generacional. La gente mayor fallece y los herederos venden porque ven un negocio boyante», cuenta Borja Vizcaíno, un exvecino que se fue del Botànic por el subidón de los precios. «Cuando me tuve que ir de mi casa la puerta de al lado estaba libre y el propietario me pidió 950 euros diciéndome que era lo más barato de Idealista. Se están vendiendo fincas completas para hacer hoteles. Y otros edificios se desalojan y se tapian a la espera de hacer negocio. El Botànic se está vendiendo a los extranjeros con dinero», lamenta Vizcaíno. 

Desahucian a 16 familias en el centro de València para construir 32 apartamentos turísticos

Se está perdiendo el arraigo sin apenas ruido vecinal más allá de los comentarios en redes sociales: la metáfora de la jaula tirada con mala leche denota el hartazgo de la población con los apartamentos, y la referencia de los "cadafals" taurinos en una apreciación estética nada baladí. Porque los alojamientos turísticos tensionan los precios, sí, pero también modifican la fisonomía de la ciudad, y precisamente en el Botànic se están habilitando bajos turísticos asépticos y alejados de la gama cromática del barrio.

Datos para una moratoria

En todo caso, el Botànic evidentemente no es una excepción. Según explicó ayer en rueda de prensa la portavoz de Compromís, Papi Robles, en València hay unos 6.000 apartamentos turísticos ilegales y más de 8.000 registrados en plataformas como Airbnb. De estos, dos de cada tres pertenecen a multipropietarios que con frecuencia utilizan nombres de pila como "Alberto" o "Natalia" para hacerse pasar por vecinos de la ciudad. Y de la distribución por zonas dio cuenta el socialista Borja Sanjuán al hablar de un incremento notable de alojamientos turísticos en barrios periféricos como Benicalap y Ciutat Fallera (donde crecen un 106%), Rascanya y Torrefiel (68,9%), la Olivereta (65%) o Saïdia y Marxalenes (98%).

Estos datos han llevado a la oposición a reclamar una moratoria de licencias para toda la ciudad, de manera que frene la proliferación de pisos turísticos mientras se diseña una ordenanza específica del problema. No es la única propuesta, Compromís también ha pedido un registro de viviendas y una tasa progresiva para gravar a los multipropietarios, pero es en la urgencia de un suspensión de licencias donde confluyen todas las voces críticas con el fenómeno. De hecho, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos, María José Broseta, ya ha trasladado este clamor político y vecinal a varios representantes del ejecutivo municipal.

Lo cierto es que Catalá no descarta recoger este guante, pero sí afea al Rialto que durante ocho años desatendiera las inspecciones necesarias para frenar la actividad ilegal ("muchas empresas van a hechos consumados", denunciaba un vecino de Benimaclet en este periódico, "construyen porque saben que luego es difícil revertirlo todo"). Si finalmente se decanta por la moratoria, para la que habría que hacer una modificación del PGOU, Catalá seguiría los pasos de su homólogo en Madrid y compañero de partido, José Luis Martínez-Almeida, quien acaba de anunciar un plan de acción para ordenar las viviendas de uso turístico mediante la congelación de la concesión de licencias y el endurecimiento de las sanciones.