Archivan la querella del alcalde de Albalat contra los concejales del PP

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº4 de Moncada ha archivado la querella presentada por el alcalde de Albalat dels Sorells, Nicolau Claramunt, contra los cuatro regidores del Partido Popular del municipio, por un posible delito en contra de su honor. El juez hace suyo el escrito del fiscal y no aprecia indicios de infracción penal.

La denuncia de Nicolau Claramunt se produjo tras una información publicada por este diario. En la noticia, el PP local alertaba de que la reforma que se estaba realizando en la casa familiar del alcalde “sospechosamente lo está haciendo la misma empresa que ha contratado por 229.341 € para que ejecute las obras de la calle Mayor de la localidad" denunciaban los populares, al tiempo que preguntaban que “no sabemos si igual le han hecho un descuento”. Por su parte, el dirigente de Compromís defendió entonces que la reforma “se hizo en casa de mis padres, no en la mía, y consistió en la reparación del tejado de una casa de más de 200 años para que sea habitable. Además, esta actuación fue mucho antes de las obras en la calle Mayor”.

Tras la publicación de la noticia, el alcalde pidió a los populares que se retractaran públicamente y de no hacerlo, emprendería acciones legales. Finalmente, Claramunt acabó interponiendo una querella por delitos en contra de su honor. ""Esto no es manera de hacer política. Es aceptable que se pueda estar de acuerdo o no con la forma de gobernar una localidad, pero meter temas personales falsos, y mentir en una cosa tan grave no lo puedo tolerar. Si es verdad de lo que me acusan deberían ir al juzgado", afiró entonces el mandatario de Compromís. 

El juzgado admitió a trámite la querella y abrió diligencias, llamando a declarar a denunciante y denunciados. Incluso este diario fue citado como testigo, al ser el medio que publicó la noticia. Finalmente, el juez ha archivado la denuncia al no apreciar indicios de delito y hace suyos los argumentos esgrimidos por el fiscal.

La fiscalía señala que las declaraciones de los concejales del PP a este diario eran "afirmaciones en términos de sospecha sin imputaciones positivas o directas, ante la coincidencia y el vínculo familiar que existe entre el alcalde y el administrador de la empresa adjudicataria". Además, el ministerio público resalta que este medio "contrastó" la noticia "mediante entrevista al alcalde, ofreciendo información plural de cada una de las partes".

Acredita que la empresa era la misma

Por tanto, la conclusión de la fiscal es que, "al margen de las imprecisiones vertidas por ambas partes" en la noticia de este diario, "no se desprende la imputación de un delito, sino la imputación de unos hechos corroborados como ciertos y las sospechas - aún cuando puedan considerarse infundadas- que podrían desprenderse de los mismos a juicio de los concejales de la oposición". Así, concluye que la identidad de la empresa que realizó ambas obras "se ha corroborado como cierta".